La ley de uniones civiles de Liechtenstein irá finalmente a referéndum // Polonia facilita los trámites a sus ciudadanos gays y lesbianas que deseen casarse en otro país
Como parecía previsible, los homófobos han conseguido reunir las 1.000 firmas (1.200, en concreto) que la Constitución de Liechtenstein exige para someter a referéndum la ley recientemente aprobada por el Landtag (Parlamento) que legaliza, a partir de septiembre, las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Previsible el referéndum se celebraría en junio.
En marzo, para ello constituyeron Vox Populi, una organización que se presenta a sí misma como una agrupación de “ciudadanos de Liechtenstein” que cree que la unanimidad registrada en el Parlamento no se corresponde con la verdadera opinión “del pueblo”.
Se desconoce bien quienes están detrás, y su único representante público es un tal Johannes Schraner, que no ha querido conceder entrevistas o participar en debates públicos.
La iniciativa fue recibida, eso sí, con gran satisfacción por Credo, organización católica que había encarnado la oposición a la ley pero que curiosamente se había mostrado reacia a la idea de promover un referéndum.
La ley ahora en peligro concedería a las parejas del mismo sexo derechos similares a los de los matrimonios heterosexuales en terrenos como herencia, seguridad social y pensiones de jubilación, normativa de inmigración y naturalización, así como en el terreno fiscal. Quedan fuera tanto la adopción como el acceso a los procedimientos de reproducción asistida.
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Polonia facilita los trámites a sus ciudadanos gays y lesbianas que deseen casarse en otro país
Polonia no permite, a día de hoy, contraer matrimonio o celebrar una unión civil a parejas del mismo sexo. Sin embargo, y según informa la radio pública polaca,
sus autoridades han decidido facilitar el trámite a sus ciudadanos gays y lesbianas que deseen hacerlo en otros países que sí lo permitan.
En este sentido, la expedición de los certificados de estado civil por el Ministerio del Interior polaco ya no requerirá la identificación del futuro cónyuge,
algo que, en la práctica, suponía que los funcionarios del registro podían negarse a tramitar las peticiones
de aquellos ciudadanos que fueran a contraer matrimonio o unión civil con una persona de su mismo sexo.
Algo que al parecer ha sucedido en numerosas ocasiones y cuya posibilidad desaparece con la eliminación de este requisito.
