Fuerte repudio tras la ratificación del gobierno porteño de suspender el casamiento gay
Mientras la pareja gay realizaba una vigilia en el Registro Civil exigiendo que se celebre su casamiento según lo previsto por el fallo de la jueza de la ciudad Gabriela Seijas, el gobierno porteño ratificó que el acto quedará suspendido.
La decisión fue anunciada en medio de un fuerte debate por los alcances de las competencias de los jueces nacionales y porteños. el gobierno porteño pedirá a la Corte Suprema que tome la decisión definitiva.
"Hoy, ante el conflicto planteado entre dos jueces de distintas jurisdicciones, se instruyó al Procurador de la Ciudad para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y de la Justicia local.
Provisoriamente, hasta tanto la Corte no se expida, el gobierno porteño está impedido de realizar el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello", informó el gobierno mediante un comunicado.
La notificación fue realizada por el procurador porteño Pablo Tonelli a la pareja y sus abogados.
La noticia fue repudiada por decenas de dirigentes políticos e integrantes de distintas organizaciones sociales, que se presentaron en el Registro Civil junto Alex Freyre y José María Di Bello para protestar por el fallo de nulidad resuelto ayer por una jueza nacional.
"Señor jefe de gobierno le pedimos que cumpla con la Constitución Nacional y de la ciudad de Buenos Aires y que haga valer la autonomía de la ciudad.
El matrimonio tiene que ser celebrado hoy. Así lo determina el fallo de la doctora Seijas", había solicitado públicamente Alex Freyre .
"Estamos en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos dos ciudadanos de esta ciudad y venimos a pedir que se cumpla con una sentencia firme de una jueza que hizo un fallo histórico", declaró esta tarde Alex.
La titular de la INADI, María José Lubertino, apoyó el reclamo y pidió que se celebre la unión ya que consideró que al desconocer el fallo de la jueza Seijas, con competencia en el ámbito porteño, "se ve comprometida la autonomía de la ciudad de Buenos Aires".
"Vamos por todos los derechos, por la igualdad jurídica y estos derechos deben tener el mismo nombre: matrimonio", dijo Alex y pidió que se tengan en cuenta los proyectos de vida de las personas con VIH, de los gays, lesbianas y transexuales.
La nulidad. Ayer, horas antes de la celebración del primer matrimonio gay en América latina, la magistrada subrogante del Juzgado Nacional en Primera Instancia Martha Gómez Alsina hizo lugar a una medida cautelar para declarar la "nulidad de la cosa juzgada" por la jueza Gabriela Seijas, que había habilitado el matrimonio. Alsina interpretó que un fallo de la justicia porteña en lo contencioso administrativo no podía declarar la inconstitucionalidad del Código Civil.
Aunque un fuero superior debe definir aún la cuestión de fondo, ayer el procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli, aseguró que provisoriamente no se celebrará la unión.
Otro anulación. En tanto, esta mañana la Cámara Nacional en lo Civil hizo lugar a otra presentación contra la resolución de Seijas, esta vez, realizada por el abogado Pedro Javier Andereggen. De este modo, volvió a suspender en un nuevo fallo el matrimonio hasta que en la causa se dicte una sentencia definitiva.
El letrado había presentado un recurso de amparo en el juzgado civil a cargo de María Rosa Bossio, pero esta magistrada se excusó de expedirse argumentando cuestiones formales. Pero Andereggen apeló a la Cámara Nacional en lo Civil que hoy revocó lo dispuesto por Bossio e hizo lugar a la presentación de Andereggen.
Presentación. En tanto, hoy la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT)
se presentó en el Juzgado Nº 85 Civil de Familia para solicitar la recusación de la magistrada Alsina para apartarla inmediatamente de la causa, la nulidad de todo lo actuado por ilegítimo e inconstitucional y para apelar la medida cautelar que pretende suspender el casamiento. María Rachid, de la LGBT, indicó que en el juzgado les recibieron la presentación pero que no obtuvieron ninguna respuesta.
Por otro lado, la organización solicitó la copia certificada de todo lo actuado y presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia Penal por abuso de poder y prevaricato. "La jueza no tenía posibilidad ni competencia para dictar una medida cautelar porque una jueza no puede anular otra orden de primera instancia. Eso contituye un delito penal", dijo Rachid.
Rachid, que acompañaba esta tarde a la pareja, dijo que detrás del fallo de nulidad hubo presiones de diferentes actores y agrupaciones católicas que presentaron la medida cautelar en múltiples juzgados "con la esperanza de que caiga ante un magistrado que haga lo que ellos quieran". "Todas las causas fueron rechazadas menos la de esta jueza inescrupulosa que hizo esta acción ilegal por la cual la vamos a denunciar penalmente", opinó.
Fuente : La Nación
